El agua potable es un derecho humano esencial, hace a la salud, al bienestar, esencialmente es determinante de la vida de los seres humanos y de los demás seres vivientes.

Todos tenemos la obligación de cuidar el recurso agua, pero esencialmente es obligación de los gobiernos garantizarlo a todos los ciudadanos. Sobre esto no puede haber discusiones ni grietas. Debe haber soluciones y compromiso social.

¿Hay relevamiento en la provincia sobre las necesidades de agua? ¿Hay mediciones de volumen de la que se distribuye a la población concentrada, y su calidad? La población dispersa (que en el Chaco salteño es el 50% de los habitantes) ¿tiene acceso a este derecho humano?

Son preguntas que el ciudadano común se hace sobre un problema vital, para el cual el Gobierno de la provincia de Salta tiene las herramientas para comenzar a trabajar.

El acceso al agua significa posibilidad de obtenerla en las cercanías, que sea económicamente accesible, que sea potable, en cantidad suficiente y continuada, y que sea universal. Todos estos son requisitos para cuidar la calidad de vida de las personas. Porque hace a la salud, con agua limpia se puede cocinar, se evitan las malnutriciones, las infecciones y otras enfermedad. Se puede limpiar la casa y bañarse.

El agua de consumo humano, de riego y de bebida para el ganado no debe tener cianuro ni arsénico, no puede ser salada ni contener otros minerales pesados. Que un niño tenga para beber agua potable mejora su relacionamiento social, su estudio, su capacidad de comprender. Y de aprender. El agua segura es necesaria para los animales que crían los criollos y las comunidades, y para las huertas que les permiten alimentarse sanamente.

A nivel legal abundan los principios y las normativas sobre el agua; hay declaraciones de las Naciones Unidas, está en todas las Constituciones, hay leyes que establecen la necesidad de proteger la calidad del agua, como derecho humano y dentro del marco del ecosistema que merece su protección por la función social que cumple. Ya no se la considera como el elemento que es de propiedad privada, sino que es un bien común. Los viejos conceptos de aquellos años de las privatizaciones ya no están vigentes. Ahora la reforma del Código Civil como los fallos de la Suprema Corte han modificado ese viejo paradigma .

El agua es un bien común y el Estado debe asegurarlo para todos. Por ello se armaron y se fomentan los Consorcios por Cuenca. Ya no es solamente cómo se distribuye el agua entre los propietarios de las tierras, como era en los 90; ahora se tiene en cuenta todo lo involucrado en la cuenca, los que tienen propiedades y los que no la tienen, todos los que viven allí, criollos e indígenas, se contempla la necesidad de agua para la vida saludable, para la producción extensiva pero también para las huertas familiares. Se analizan los proyectos de los jóvenes y de las mujeres. Para darles el valor que se merecen como emprendedores. Se analizan los bosques y el cuidado de la tierra, o sea se cuida el medio ambiente. La desertificación es un mal, producto muchas veces del mal uso del suelo y del agua.

Por ello aplaudo que el Gobierno provincial haya gestionado fondos nacionales para proveer de agua potable para la población de toda la provincia. Y que haya convocado a través de sus ministerios a otros organismos público nacionales, a ONG y universidades para una correcta gestión de esta tarea. Indudablemente el Gobierno se hará cargo de todas las obras en las poblaciones concentradas, en la mejora de las redes existentes, en la ampliación de las redes, en la construcción de pozos donde haya agua suficiente y potable.

Fundapaz, y el Ideas de la Ucasal participaron en estas reuniones con mucho entusiasmo y compromiso. Pues entiende que la convocatoria es la forma de garantizar que el trabajo se realice, que sea efectivo, de calidad, en los lugares apropiados y con el trabajo de todos. La Mesa de Agua, ya existente y con un trabajo comprobado, es la herramienta válida para planificar, diagramar y gestionar en la tarea de procurar agua segura para la población dispersa, por ahora, del Chaco salteño, pues ya lo viene realizando con un trabajo de acuerdos, consensos, en la que participan, criollos y aborígenes, funcionarios nacionales y provinciales, y ONG.

Que se haya señalado que la tarea estará a cargo de la Mesa de Agua, bajo la supervisión y coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, es una decisión acertada, porque esto consiste en planificar, seleccionar prioridades, la construcción, el análisis del agua y, finalmente, la educación a quienes la utilizarán, para que el agua se mantenga potable. Esto de ninguna manera significa que los otros métodos de obtención de agua segura no sean válidos, como los pozos o cualquier otro sistema que asegure la permanencia, continuidad, accesibilidad y potabilidad del agua.

Comencemos con esto, que ya será mucho. Para el Chaco salteño, hay mediciones, hay mapeo que se realizó en forma participativa con todos los habitantes de la zona, y hay una gran necesidad, sumado a un compromiso de todos ellos por trabajar. Faltan las herramientas. Si ahora el Gobierno las provee, seguramente sabrán aprovecharla.

* ( Abogada y directora de Ideas (Ucasal)