La Cámara Federal ordenó la reapertura de una causa contra los periodistas Rodis Recalt y Gerardo "Tato" Young iniciada por haber revelado el nombre de un agente de inteligencia Fuente: Archivo
8 de octubre de 2019  • 18:26

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( Adepa) emitió un comunicado en el que "deplora" la decisión de la Cámara Federal de reabrir una causa contra los periodistas Rodis Recalt y Gerardo "Tato" Young iniciada por haber revelado el nombre de un agente de inteligencia.

"[La decisión] colisiona con normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional", indicó Adepa.

La denuncia les imputaba a los periodistas haber revelado información secreta que estaría protegida por la Ley de Inteligencia, consistente en el nombre de integrantes de la AFI informando sobre sus actividades, cargos desempeñados y antecedentes dentro del organismo.

"El 15 de noviembre de 2018 el juez Sebastián Casanello, con la conformidad del fiscal Carlos Stornelli, había dispuesto el archivo de la causa considerando la inexistencia del delito. Añadió que se pretendía dañar las fuentes de información periodística protegidas por la Constitución", recordó Adepa en el comunicado.

"Ese riesgo resurge con la decisión de reabrir la causa. Por un lado se pretende que los periodistas den a conocer las fuentes informativas mediante las cuales accedieron a los datos de relevante interés público que hicieron conocer a la ciudadanía. Por otro lado, la AFI en ningún momento decidió, como corresponde en todo organismo público, sustanciar un sumario administrativo para verificar cómo se habría vulnerado el secreto legal mediante la difusión periodística. Máxime que semejante información es imposible que sea accesible por periodistas sin que algún funcionario o empleado de la AFI se las haga conocer", dice Adepa.

"Si bien la ley 25.520 de Inteligencia Nacional sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, también es cierto que ella sólo puede recaer sobre los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan. Pero en modo alguno a terceros, como los periodistas, cuando toman conocimiento de ellos sin haber incurrido en algún acto ilícito. El responsable es el funcionario o empleado que con malicia, imprudencia o torpeza permitió que la información llegara a un periodista, pero no a éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana", agrega.

"Jueces y funcionarios de organismos políticos del gobierno deben tomar nota de que, conforme al Art. 43 de la Constitución Nacional, tanto las fuentes como el secreto periodístico son inviolables. Ambos integran el concepto de prensa cuya libertad proclama esa norma jurídica, madre del ordenamiento legal. Ya en 1952 el Primer Congreso Mundial de Periodistas, reunido en Santiago de Chile, enumeró entre las restricciones a la libertad de prensa la tortura, prisión y sanciones que se aplican a los periodistas que se niegan a revelar las fuentes de información. También debe recordarse la célebre Declaración de Chapultepec, que en su tercer principio establece que 'No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información'".

"Ninguno de estos antecedentes fue tenido en cuenta por la resolución judicial, lo que lleva a Adepa a insistir en que se revea la misma, ya sea a través del archivo de la causa o del sobreseimiento de los periodistas injustamente involucrados".

La opinión de la AFI

En tanto, también hoy, la AFI emitió un comunicado en el que dice que, de acuerdo a la Ley Nacional de Inteligencia, "nadie puede divulgar de manera alguna ninguna información referida a la AFI y sus actividades".

La AFI indicó que "las actuales autoridades efectuaron la correspondiente denuncia, que como funcionarios públicos están obligados a realizar".

"[La denuncia] no tiene la mas mínima intención de coartar la libertad de prensa ni tampoco querer inmiscuirse en las fuentes que ésta maneja, estando en pleno derecho de hacerlo", agrega el comunicado.