Este martes, el Tribunal Supremo español comienza una causa judicial sin precedentes en la democracia europea. Se trata de un juicio oral, donde 12 políticos y activistas independentistas se sentarán en el banquillo acusados de delitos graves, incluyendo rebelión, por su responsabilidad en el fallido intento de secesión catalán de 2017.

La causa provocó una profunda división política y social, con un conflicto que sigue activo, por lo que el resultado del juicio tendrá consecuencias para el futuro escenario del país, ya que llega en un momento de gran inestabilidad política.

Según se sabe, los independentistas catalanes harían fracasar su proyecto de presupuesto y abrirán las puertas al adelanto electoral pese a la posibilidad de que su caída posibilite la llegada de la derecha al poder de la mano de los ultraderechistas del partido Vox.

En este contexto preelectoral, los secesionistas iniciarán su batalla para convencer a los jueces del Supremo de que se encuentran ante un "juicio político" por haber cumplido con la "voluntad democrática" de los catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación.

Los 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal.

Una de los puntos fundamentales del proceso está en que los jueces deberán determinar si hubo violencia y, por lo tanto, si se cometió un delito de rebelión durante el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Esta motivó la intervención de la región y la destitución del gobierno del expresidente Carles Puigdemont por parte del Ejecutivo español, quien tiene orden de captura en España por rebelión.

Por su parte, los independentistas dicen que la única violencia fue la de las fuerzas de seguridad españolas que reprimieron marchas y a votantes en el referéndum secesionista de 2017 y que organizar una consulta así no es delito.

El ex vicepresidente catalán y líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, tiene el horizonte más complicado, ya que enfrenta un pedido de 25 años de cárcel como supuesto promotor de la rebelión. También están acusados de rebelión o sedición la expresidenta del parlamento catalán Carmen Forcadell -con un pedido de 17 años de cárcel-, y los dos líderes sociales del movimiento independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural. Para los demás procesados, la Fiscalía pide entre siete y 16 años.

Para sostener la acusación de rebelión, el Ministerio Público asegura que los líderes catalanes utilizaron la violencia de forma "intimidatoria" para conseguir el "fin criminal" de que Cataluña -región de 7 millones de habitantes- se convirtiera en "un Estado en forma de República, independiente del Reino de España".