El juez Fernando Javier Perillo dispuso un allanamiento en la sede de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, ubicada frente al Congreso, con el objetivo de acceder al archivo histórico de la entidad para  confeccionar un inventario. Esta medida es considerada “ilegal” por las Madres, quienes llamaron a una manifestación de resistencia. Hubo corridas y empujones.

La disposición obedece a una presentación del juez Javier Buján, y tiene por objetivo la realización de un inventario sobre el material que la agrupación recopiló a lo largo de 42 años de lucha por la búsqueda del paradero de sus hijos.

El magistrado Buján realizó el pedido formal en su condición de rector interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (IUNMA), cargo que fuera asignado en su momento por el mismo ministro de Justicia, Germán Garavano.

Sin embargo, la Justicia se topó con el rechazo de las integrantes de la organización, quienes denuncian que la medida esconde intenciones políticas y una presunta persecución ideológica contra las propias madres.

"Las madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y Estado de Derecho", afirmaron las madres mediante un comunicado.

Desde la Agrupación se advirtió que la propia Cámara Comercial, mediante las firmas de las doctoras Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso, entendió que la entidad "no puede ser evaluada con los mismos parámetros" que una empresa "por distintas razones: Su actividad no implica una actividad comercial per sé; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina".

Este pedido de acceso al archivo se llevó adelante en el marco de la causa de la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, las madres reclaman que la solicitud del acceso al inventario debía realizarse en el marco de una nueva causa.

Esta no es la primera vez que se realiza una medida de esta naturaleza, el pasado 4 de abril, un grupo de escribanos intentó realizar el allanamiento en la sede de madres pero una serie de desinteligencias con las fuerzas policiales pospusieron la ejecución la medida para hoy, lunes.

Las madres denuncian así que desde el Gobierno nacional hay un intento de "apropiarse del archivo histórico más grande de América Latina en su tipo".