Cuando los números hablan, los análisis políticos quedan de lado. Según informa el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), en Diciembre de 2015 -cuando Macri asumió la Presidencia- el costo del Megavatio era de $75,45; luego de tres años y medio de gestión Cambiemos, el costo del Megavatio creció más del 2.300%, llegando a $2.240. ¿Cómo explican eso Julio Martínez y el macrismo riojano?

Redacción de RiojaLibre

“A partir del año 2016 comenzaron los incrementos de los valores de compra de la energía mayorista y el transporte, es decir que es lo que se paga para traer energía desde los centros de generación a los centros de consumo, es decir desde Buenos Aires a La Rioja”, explicó el último Viernes Carlos Fernández, titular de EDELAR. Eso es lo que origina el aumento en la boleta de la Luz.

Es desde enero de 2016 cuando se fueron dictando diversas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, aplicando los aumentos a esos precios, mayoristas, que repercuten directamente en la boleta que le llega a cada riojano.

A fines de 2015 el valor del Monómico, es decir del megavatio de energía más transporte estaba llegando a 75,45 pesos, mientras que en la actualidad con la última resolución N° 366, enero de 2019, ese valor está en 2.240 pesos.

Esto representa un incremento aproximado del 2.300 por ciento en el valor de compra de la energía que tiene que hacer la Empresa de Energía Eléctrica La Rioja (EDELaR), y este valor se aplica a los usuarios finales conforme el cuadro tarifario que autoriza el Ministerio de Infraestructura y el Ente Regulador (EUCOP).

Recordemos un Comunicado de IESO explicando el aumento de energía:

Por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO)

En primer lugar tenemos que decir que es una falacia que este gobierno recibió un sector energético en emergencia total, como sigue afirmando para justificar sus políticas, y especialmente el tarifazo. A diciembre de 2015 teníamos oferta suficiente de generación de electricidad, con sobrante muy justo es cierto, pero sin sobresaltos hasta ese momento. La inversión realizada en este segmento había sido importante, quizás no suficiente para un futuro de pleno desarrollo. Distinta era la situación en la distribución en el área metropolitana, con deficiencias grandes en las instalaciones, producto de la desinversión. No ocurría lo mismo en las provincias, en las cuales el servicio había recibido mayores inversiones, dependiendo de cada caso. La red de transporte nacional satisfacía también la llegada de la energía a los nudos centrales del consumo, con motivo de importantes inversiones en su desarrollo.

Dicho esto, el costo de generación, que es igual para todo el país, estaba subsidiado, y eso fue una decisión política destinada a fomentar el consumo y la producción, un subsidio que se ha comprobado menor que en muchos países importantes del mundo: es mentira total lo que se afirma en contrario, según informes de las Naciones Unidas publicados recientemente. La carga de ese subsidio por igual a todos los usuarios nacionales no era bueno porque beneficiaba a los sectores más vulnerables de la misma manera que a las capas más ricas de la población. Esta circunstancia era la contrapartida de la política de subsidios para fomentar el consumo. Se la criticó en su momento, sugiriéndose además aumentos leves y crecientes: el gobierno anterior intentó en más de una oportunidad actualizar las tarifas, recibiendo el rechazo de los que ahora detentan el poder. Pero es cierto que respecto del costo de generación debía dejarse de a poco esos subsidios, que eran excesivos, en una determinada proporción, también una decisión política en su graduación, la que debía enmarcarse en una cosmovisión mayor de la economía y de la propia energía.

Con relación a la otra mitad del costo eléctrico en la tarifa, los valores de distribución, que implican la gestión y mantenimiento de las redes e instalaciones que llegan a los usuarios, en el área metropolitana también estaban subsidiados en exceso, con dos desbalances: uno que ya comentamos para la generación respecto de los sectores sociales beneficiados, y otro que tenía que ver con la diferencia que representaba esa ayuda respecto de los precios existentes en las provincias. Por lo tanto, era también cierto que con relación a los costos de distribución debían quitarse de a poco los subsidios a este segmento en Capital y Gran Buenos Aires. En las diferentes provincias, en cambio, el costo de distribución fue mantenido relativamente cercano a sus costos, incluso a veces en exceso en algunas de ellas, por lo cual la quita de subsidios a la generación en las provincias tuvo un efecto muy fuerte, de una intensidad muy grave, y desproporcionado nuevamente con el del área metropolitana.

Pero al quitar los subsidios a la distribución en el área metropolitana no se tuvo en cuenta el estado de las instalaciones, desinvertidas por las dos empresas por muchos años, a pesar de sus contratos de concesión por 99 años, que los obliga a honrarlos en las buenas y en las malas. Y entonces tarifas impresionantes con malos servicios han creado un profundo malestar en la población, que sospecha con razón, que el servicio no mejorará en menos de seis (6) años, siempre que se hagan fuertes inversiones, hoy insuficientes.

Ante este panorama, era importante la decisión de gradualismo y razonabilidad en la quita de subsidios, tanto en generación para todo el país como para la distribución en el área metropolitana. Para ello el Gobierno, luego del primer choque con la reacción de la sociedad, tuvo una pauta segura para seguir: el fallo de la Corte Supre