Una modificación para los comicios de octubre quedó en suspenso. El decreto del Poder Ejecutivo que habilita a partir de estas elecciones el voto por correo postal para los argentinos que viven en el exterior tiene un pedido de inconstitucionalidad, lo cual derivó en un conflicto de competencia judicial que deberá ser resuelto por la Cámara Nacional Electoral.

La presentación fue realizada por la ONG bonaerense Abogados por la Justicia Social (AJUS), que cuestionó lo establecido por el decreto 45/2019, dictado el 11 de enero pasado, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro Rogelio Frigerio; y del canciller Jorge Faurie.

En la norma se habilita para los argentinos residentes en el exterior (360.000 aproximadamente) la posibilidad de votar de manera presencial en la embajada correspondiente a su domicilio, como ocurría hasta ahora, o la alternativa de hacerlo a través del correo postal. 

Así lo dispone atento "la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación, debido entre otras cuestiones a la distancia existente entre este último y el lugar de su residencia", como así también a "la necesidad de garantizar su derecho al voto".

La acción declarativa de inconstitucionalidad presentada AJUS en febrero pasado lleva transitado un largo camino judicial que promete derivar en una definición por parte de la Cámara Nacional Electoral sobre quién debe hacerse cargo de la causa. Hasta el momento, el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, el subrogante Adolfo Ziulu, se declaró incompetente y envió el expediente a su par porteña, María Servini, quien a su vez también entendió que no correspondía a su juzgado hacerse cargo, con lo cual devolvió el expediente a La Plata. 

Ahora la causa está en la capital bonaerense, a la espera de un nuevo dictamen del fiscal Guillermo Ferrara, que ya había fijado posición en favor de la incompetencia, con lo cual todos los caminos conducirían a que el expediente llegue en breve a la Cámara Nacional Electoral. 

La presentación realizada por la ONG pide que se dicte una medida cautelar que frene la implementación del Decreto 45/2019 y que la Justicia declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de esa norma, que fija las pautas para el "voto opcional por correo postal de los electores argentinos residentes en el exterior". 

En su presentación, la asociación civil esgrime que "la implementación de la modalidad del 'voto postal' merece un minucioso análisis en lo respectivo a la comprobación de las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional para implementarlo mediante un decreto reglamentario, cuando el mismo no se encuentra previsto en la legislación". 

Además, subraya que "el voto presencial es la única modalidad habilitada por el texto de la legislación, para emitir el sufragio dentro y fuera del territorio argentino. Las formalidades que hacen a la esencia del voto presencial no se pueden verificar en el 'voto postal' introducido como nueva forma de sufragio mediante el Decreto Reglamentario", indicaron.