Por Javier Boher
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economìaNo hay dudas de que el mundo está cambiando, cada vez a un ritmo más acelerado. La integración de las economías nacionales es cada vez más profunda, aunque algunos líderes mundiales intenten amenazarlo. Nada se puede construir por fuera del sistema (o al menos nada que represente un aumento del bienestar de los ciudadanos).

Nuestro país supo estar integrado profundamente con el exterior, tendencia que empezó a revertir en los años de entreguerras. Aunque el mundo desarrollado fue abandonando progresivamente el proteccionismo, nosotros decidimos recorrer el camino inverso, aumentando la brecha con los países desarrollados.

La cuarta revolución industrial es la etapa más reciente de un proceso que comenzó a desarrollarse desde el siglo XVIII con la aparición de la máquina a vapor. La segunda revolución industrial es la vinculada a la producción en masa, con el fordismo como paraddigma. Allí es donde se ancló nuestro país, pese a que la vanguardia productiva actual está enfocada en la integración de las tecnologías digitales a la vida cotidiana.



Para poder acortar la brecha con los países que están marcando la punta en esas áreas se hace fundamental capacitar a la mano de obra y adoptar un marco legal y laboral que aliente la creación y radicación de empresas.

Por tener cabezas seteadas en la segunda revolución industrial o en la dicotomía campo-industria, la clase dirigente pierde de vista que este fenómeno es distinto a los anteriores. Acá no hay productores que no pueden llevarse la tierra -como pasa con el campo- ni industrias con fuerte inversión en capital -como puede ser el caso de las automotrices-. La economía del conocimiento es flexible, con una gran capacidad de relocalización de procesos propios de su indstria.

La decisión del gobierno nacional de dejar sin efecto la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento deja en evidencia que los modelos del siglo XX no han dejado las cabezas de los que deben liderar en el siglo XXI. La medida no puede tener ningún impacto positivo porque se la piensa desde la rivalidad con un sector o actor específico, en este caso Mercado Libre (ya en su momento fueron Clarín y La Nación con la Ley de Medios o el campo con la Resolución 125).

Argentina es el principal exportador de software de América Latina, en gran medida por las medidas adoptadas para favorecer al sector (entre las que se pueden mencionar la Ley de Software sancionada por Néstor Kirchner en 2005, que ya quedó sin efecto, o toda la normativa cordobesa que convirtió a la provincia en un polo tecnológico de gran relevancia).

La industria del conocimiento es el tercer sector exportador del país, por detrás de la agricultura y la industria automotriz. Esta decisión es a priori contraproducente, ya que elimina las reglas claras para la inversión (porque no quedan marcos regulatorios para la actividad). Sin reglas claras y un marco de previsibilidad, las empresas pueden decidir optar por nuevos lugares para mover sus casas matrices (por caso, Mercado Libre factura tres veces más en Brasil que en Argentina, razón suficiente para emigrar si las cosas cambian en estas tierras).

La lucha de Juan Grabois, Hugo Moyano o Sergio Palazzo contra Mercado Libre puede rendir sus frutos para las corporaciones de la segunda revolución industrial ante este cambio de gobierno, aunque seguramente representaría un problema para los trabajadores que deben conseguir su sustento en el contexto de la cuarta etapa de dicho proceso.

La transformación de la matriz productiva de una sociedad no puede hacerse de golpe, de un día para el otro, dejando desprotegidos a los trabajadores que no conocen otra forma ni otro marco legal que el de las industrias tradicionales con reglamentos de hace cuarenta años. Pero es una necesidad imperiosa si se pretende que los nuevos trabajadores puedan disfrutar de los niveles de bienestar que hay en los países desarrollados.

Si se pretende producir lo mismo que países de mano de obra barata, no se puede pretender que nuestros trabajadores cobren más. En el mundo globalizado el trabajo es un commodity, lo que significa que nadie va a pagar el doble por algo que consigue más barato en otro lado. Suena duro porque se habla de personas con proyectos de vida, pero es la realidad que manda en el mundo contemporáneo.

La Ley de Economía del Conocimiento busca redirigir los esfuerzos productivos hacia una reconversión del perfil de los trabajadores argentinos, más a tono con lo que demanda el mundo en pleno siglo XXI. Decisiones como la que tomó el gobierno nacional hacen que no podamos terminar de salir de la primera mitad del siglo XX.