El default anunciado por la provincia de Buenos Aires es una decisión inexplicable. O solo podría explicarse como una estrategia conjunta del gobierno federal y del provincial para enviar señales de dureza a los acreedores de uno y otro. Sería, en tal caso, una maniobra de cierta suficiencia que ya Axel Kicillof aplicó cuando fue ministro de Economía.

Aunque Kicillof terminó firmando acuerdos muy beneficiosos para los acreedores (Club de París y Repsol, por ejemplo). Un país con una deuda de 315.000 millones de dólares no debería dejar caer en default a su provincia más importante por un vencimiento de apenas 250 millones de dólares.

De cualquier forma, el default de Buenos Aires perjudica la imagen de la provincia, la del país y la del gobierno de Alberto Fernández. Los acreedores del exterior no se detienen en los detalles de la política interna. Saben que presidente y gobernador pertenecen al mismo espacio político. Y saben, además, que el gobernador bonaerense es un hijo político dilecto de Cristina Kirchner, que es la que más temor provocó siempre en los mercados financieros internacionales. Si la decisión se inspiró en ella, ¿hará Alberto Fernández lo mismo que Kicillof cuando le toque el turno a los vencimientos de la deuda argentina? Se lo mire por donde se lo mire, el regateo de 250 millones de dólares es una medida inoportuna, que carece de la prudencia necesaria.

El default de Kicillof provoca suspicacias a cualquiera que se detenga en el cronograma de las noticias de los últimos días que aludieron a ese vencimiento. El gobierno nacional pasó de asegurar su apoyo para que el gobernador cumpliera con sus obligaciones a negarle cualquier auxilio. Todo sucedió en apenas 24 horas.

El viernes pasado, versiones fidedignas del entorno presidencial dieron cuenta de que el gobierno nacional "ayudará a la provincia de Buenos Aires a cumplir con sus compromisos financieros". Un día después, el propio jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, aseguró que "la provincia cuenta con el apoyo del gobierno nacional para poder hacer frente a todos los vencimientos primarios".

Hasta el sábado, entonces, no había ninguna posibilidad de default. Las cosas cambiaron el domingo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el gobierno federal no auxiliaría a la provincia con los 250 millones de dólares que necesita antes del 26 de enero, fecha del vencimiento con bonistas privados. Siete días antes, el 19 de enero, vencerán otros 270 millones de dólares que la provincia colocó a través de Fondo de Sustentabilidad de la Anses. Kicillof informó solo sobre el default del vencimiento del 26 de enero. Probablemente ya refinanció la deuda con la Anses o espera hacerlo antes del próximo 19.

Sea como fuere, ayer Kicillof anunció mediante una solicitada (una forma novedosa, ciertamente, de dar a conocer un virtual default) que la provincia no estaba en condiciones de cumplir con el pago del 26 de enero a los bonistas privados y que postergaba unilateralmente el vencimiento hasta el 1º de mayo. Cuando faltan apenas 11 días para el 26 de enero, resulta improbable, si no imposible, que la provincia consiga el acuerdo del 75 por ciento de los acreedores para esa postergación, que es el porcentaje requerido para que un impago no se convierta en default. Tampoco se conoce si las tratativas con los acreedores conllevan una nueva propuesta para el pago de la deuda o si simplemente se les requiere que acepten a ojos cerrados la actual postergación.

La primera certeza que existe es que la deuda de la provincia de Buenos Aires no es alta. El cumplimiento o la refinanciación no serían complicados en una situación de normalidad con los mercados. Pero la situación se embrolla cuando es la deuda nacional la que está en duda. Si bien el gobierno de Alberto Fernández anunció que pagará los compromisos del país, también dijo que necesita un nuevo programa acordado con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas privados. Se sabe que el ministro Guzmán está trabajando en esa renegociación, pero nadie, ni los acreedores, saben cómo terminará el proceso.

Las tratativas tienen un aspecto puramente financiero que es favorable, porque una parte importante de la deuda se contrajo con tasas de interés altísimas para un mundo que paga solo el 1 por ciento anual. Hay margen, por lo tanto, para bajar las tasas. Pero, al mismo tiempo, hay un aspecto político, sobre todo en la negociación con el FMI, donde la mayor influencia está en poder de la Casa Blanca de Donald Trump. Los últimos acontecimientos en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro le dio un nuevo giro a la tuerca de la dictadura, y en la relación de los Estados Unidos con Irán, que se acercó seriamente a una guerra abierta, alejan al gobierno de Fernández de la posibilidad de la tercera vía que imaginaba en las relaciones internacionales. La grisura es un matiz que Trump no puede distinguir.

De todos modos, la deuda de la provincia de Buenos Aires significa solo el 8,5 del producto bruto provincial. La deuda de la Nación representa, en cambio, el 75 por ciento del PBI. La deuda de la provincia es de solo 650 dólares por habitante; la de la Nación es de 7000 dólares por habitante. La deuda total de la provincia en dólares es de 11.000 millones, mientras que la de la Nación es de 315.000 millones. La deuda de Buenos Aires en dólares es la misma que recibió María Eugenia Vidal en 2015. Pagó algunas deudas del peronismo y contrajo otras, pero el resultado es el mismo. La deuda nacional es un 30 por ciento más que en 2015.

Para peor, los bonos que vencerán el 26 de enero, y que entrarán en default, es deuda de Daniel Scioli contraída en 2011. Ni Alberto Fernández ni Kicillof pueden hablar de la herencia recibida cuando comunican este default, salvo que se refieran a la herencia del anterior gobierno peronista.

El lunes, en declaraciones al canal C5N, el Presidente remarcó sus problemas con la "deuda heredada". Aunque no hizo alusión directa al gobierno de Macri, cualquier desinformado podía caer en el error de creer que se refería al gobierno que lo precedió. El gobierno de Macri es responsable por el 30 por ciento del aumento de la deuda, que el expresidente explicó siempre como un camino necesario para evitar un severo ajuste de las cuentas públicas. Pero Cristina Kirchner había dejado una deuda de 240.000 millones de dólares, que tampoco deben atribuírselos totalmente a ella. La expresidenta solo agregó los juicios perdidos en tribunales internacionales por empresas que fueron nacionalizadas, o directamente confiscadas, o con las que se rompieron las reglas del juego.

La deuda argentina tiene una historia mucho más larga. Cristina heredó también la deuda de su marido muerto y este heredó el default de 2001. El período de gran endeudamiento del país se produjo en los años 90 cuando la ley de convertibilidad autorizaba una emisión de pesos solo respaldada por los dólares que tuviera en reserva el Banco Central.

A esa ley, que frenó la hiperinflación y le dio al país un período de estabilidad (aunque debió ser una herramienta solo transitoria), le faltó un artículo que prohibiera el endeudamiento mientras estuviera vigente. La prohibición de emitir pesos sin respaldo de dólares llevó al gobierno de Carlos Menem a contraer deuda en una dimensión impagable para esquivar aquella restricción. A ese endeudamiento se le sumó, desde ya, la predisposición de los gobiernos argentinos a gastar más de lo que realmente pueden. Por lo tanto, es cierto que existe una "deuda heredada", como dice Alberto Fernández, pero es una herencia demasiada larga como para no ser explicada.

En otro reportaje, esta vez frente al periodista Horacio Verbitsky, el Presidente se lamentó de que los argentinos se hayan enamorado de Vaca Muerta y se hayan olvidado de la exploración y explotación del petróleo y el gas convencionales.

Quince días antes, Alberto Fernández había asegurado que su gran apuesta por la inversión era Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos mundiales de petróleo y gas no convencionales. Agregó que le había pedido al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que viaje al Foro Económico de Davos para explicar los proyectos del gobierno argentino sobre Vaca Muerta y seducir a potenciales inversores.

Los inversores no son ingenuos y ya dejaron de invertir en Vaca Muerta; hubo en las últimas semanas 2000 empleados despedidos en ese yacimiento. Las petroleras, que debían invertir este año 7000 millones de dólares, están esperando las definiciones del gobierno de Alberto Fernández. Por eso, no es recomendable que el Presidente cambie de opinión con tanta frecuencia. La palabra presidencial es el principal activo de un gobierno y, sobre todo, del país en el que el Presidente manda.

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