Por Jessica Glenza, en Nueva York

Los legisladores de Alabama aprobaron la ley de prohibición del aborto más restrictiva de los Estados Unidos, un proyecto para terminar con el aborto desde la concepción con excepciones sólo si la vida de la mujer está en grave peligro.

La ley es sólo un ejemplo de una drástica restricción de los derechos reproductivos de la mujer que se está extendiendo por los estados con mayoría republicana. La Casa Blanca ha alimentado el fervor de los activistas antiaborto con candidatos conservadores al Poder Judicial y una serie de cambios burocráticos que limitan la libertad reproductiva y el financiamiento relacionado.

En este año solamente, más de una docena de estados de los Estados Unidos intentaron ilegalizar el aborto después de las seis semanas, incluidos seis estados que lograron sancionar la ley.

¿Dónde está ocurriendo esto?

Los activistas antiaborto tuvieron éxito en sancionar la prohibición de todos o la mayoría de los casos de abortos en seis estados con mayoría republicana: Arkansas, Kentucky, Mississippi, Dakota del Norte, Ohio y Georgia.

La ley de Alabama sería la más severa, si la gobernadora republicana la promulga.

Por lo menos 61 proyectos de ley han sido presentados en todo el país. Incluso en los estados considerados un refugio seguro para el derecho al aborto, como Nueva York e Illinois, los legisladores antiaborto han presentado proyectos de prohibición a modo de protesta.

La ola de restricciones se debe primordialmente a un factor: las personas elegidas para la Corte por el gobierno de Trump. Los activistas antiaborto piensan que las probabilidades de restringir aún más el aborto a través de causas judiciales son mayores hoy que hace un año.

La Suprema Corte de los EE.UU. legalizó el aborto en 1973 a través del trascendental caso Roe contra Wade. Hasta entonces, se dejaba que los estados sancionaran sus propias leyes sobre el aborto, lo que daba lugar a un sistema heterogéneo en el que algunas mujeres vivían en lugares donde el aborto era ilegal y otras donde era seguro y accesible.

Eso cambió cuando la Suprema Corte falló en el caso Roe, dictaminando que las mujeres tienen derecho constitucional a poner fin al embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, momento que en general se entiende como ubicado alrededor de las 24 semanas de gestación. Un embarazo a término es de 40 semanas.

La Suprema Corte está compuesta por nueve jueces. Hasta el año pasado, en general estos se dividían en tres grupos: cuatro liberales, cuatro conservadores y uno de posiciones moderadas.

Pero cuando este último, el juez Anthony Kennedy, se jubiló, el gobierno de Trump logró confirmar a un sucesor católico, Brett Kavanaugh. Eso inclinó la corte a la derecha, con cinco jueces conservadores y cuatro liberales. Aunque Kavanaugh no tiene una larga trayectoria en materia de aborto, los especialistas creen que apoyará que haya más restricciones al aborto.

¿Quién está detrás de esta movida?

Los cristianos, conservadores sociales que desde hace mucho se oponen a los derechos civiles para las parejas homosexuales y las personas transgénero. La derecha cristiana lucha contra el aborto desde hace décadas, pero algunas de sus propuestas más extremas y severas sólo comenzaron a cobrar fuerza hace poco. La derecha cristiana también es una de las bases de apoyo político más fervientes del gobierno de Trump.

En Ohio, por ejemplo, la líder de una agrupación antiaborto y antigay, Janet Porter, presionó para que se prohibiera el aborto durante casi una década. Sólo tuvo éxito este año, después que el gobierno de Trump llevó a la Suprema Corte y los tribunales inferiores hacia la derecha.

¿Cuál es el objetivo de estas leyes?

Hasta que la Suprema Corte no se pronuncie sobre estos casos, el aborto sigue siendo legal hasta el momento en que el feto pueda sobrevivir fuera del seno materno.

Para presionar a la Suprema Corte para tomar un caso, los activistas antiaborto han aprobado restricciones anticonstitucionales. Los grupos de derechos civiles entonces se ven obligados a impugnar las leyes ante los tribunales para impedir su implementación, lo que desata una batalla y brinda la oportunidad de llegar al tribunal más alto.

Los grupos quieren usar estos casos para anular Roe contra Wade o restringir enormemente la forma de interpretarlo.

¿Esto realmente podría funcionar?

Las clínicas de abortos toman esta amenaza muy en serio y están elaborando planes para el futuro, que podrían incluir la utilización de fondos para trasladar a las mujeres a través de las fronteras estaduales para que puedan obtener un aborto.

Sin embargo, los abogados de algunos grupos de derechos civiles son cautelosamente optimistas respecto a que la corte no tiene interés en reinterpretar una sentencia tan reciente como la de Roe, aun con nuevos jueces conservadores en el tribunal.

En última instancia, la corte decide qué casos tomará y es imposible saber con certeza si una de las nuevas leyes que están sancionando los estados será considerada.

Pero aun cuando los estados no logren ilegalizar el aborto, la acumulación de restricciones ha tenido un impacto. Hay menos clínicas de abortos y los procedimientos son más costosos, lo que hace que para las mujeres sea aún más difícil ejercer sus derechos.

Traducción: Elisa Carnelli