• La forma en que se distribuye la caja de la UNJu vuelve a generar polémica.
  • Una vez más se ponen en evidencia los tratos privilegiados para determinados sectores de la Universidad Nacional de Jujuy.
  • Dos extensiones áulicas de más de una centena de alumnos podrían suspender sus actividades porque, frente a la demora de Nación, el rectorado no brinda fondos transitorios.

La forma en que se distribuye la caja de la casa de altos estudios de Jujuy viene siendo blanco de críticas debido a denuncias de que no hay un trato equitativo y que se termina  privilegiando a unos sobre otros, según la conveniencia de quienes se ubican en las más altas esferas.

El destino de los fondos públicos de los que dispone la Universidad Nacional de Jujuy y cuya adecuada distribución garantizaría el correcto funcionamiento de las distintas áreas que la conforman, queda sujeto al criterio de una mesa chica, muy chica.

Esta situación irregular se advierte puntualmente en el caso de la Facultad de Ingeniería donde dos extensiones áulicas, una en La Quiaca y otra en Libertador, corren el riesgo de suspender sus actividades debido a que no se dispone de los fondos necesarios para afrontar el pago de salario a los docentes.

Ambas extensiones han demostrado ser  esenciales para llevar la educación universitaria a zonas más alejadas de la provincia y han cosechado un buen desempeño académico.

Según detalló a Canal 2 el decano de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Lores, en total se adeudan poco menos de $10 millones: Casi $5 millones para la de Libertador y otros 5 cinco para la de la Quiaca donde se incluirían $2 millones y medio que tuvo que poner la propia facultad en 2018 debido a estas demoras.

Frente a estos reiterados problemas, en diciembre de 2018 se llegó al punto de suspender las inscripciones porque no había garantías de poder solventar el gasto.  Con el compromiso del rector, Rodolfo Tecchi, de que contarían con los fondos, esta instancia se reabrió y generó  150 inscripciones.

Las clases, sin embargo, iniciaron con remanentes de fondos del año pasado (alrededor de 2 millones de pesos).  En marzo, se aprobó el presupuesto pero el consejo superior no le asignó a la Facultad de Ingeniería presupuesto para las extensiones áulicas.

Según Lores, los fondos de Nación siguen demorados producto de cuestiones burocráticas pero falla radica en que la Universidad no está destinando, de manera provisoria, los fondos para mantener funcionado ambas extensiones.

“Hoy no disponemos ya de fondos para afrontar el gasto pero la universidad sí”, sostuvo Lores.

“Los fondos se distribuyeron con otros criterios y  nosotros hicimos un planteo. El consejo académico hizo una resolución requiriéndole al señor rector que transfiera las sumas correspondientes a los gastos que demanda llevar adelante las extensiones áulicas y , por la urgencia de la situación , con un plazo perentorio del 25 de abril.

Los sueldos del rectorado primero

Resulta llamativo que mientras los docentes de dos extensiones áulicas viven día a día con la incertidumbre de no saber si percibirán sus correspondientes haberes, parte del personal no docente del rectorado cobra salarios cercanos a los 200 mil pesos lo que se traduce a erogaciones cercanas a los $70 millones al mes y alrededor de $1000 millones al año.

Esta cuantiosa cifra representa a 282 cargos, incluidas las máximas autoridades, que principalmente se desempeñan bajo categorías administrativas. 

Tal desmesura genera cierto escozor ya que se trata de ingresos que se ubican muy por encima del promedio en el mercado laboral de la provincia.

Al parecer, la prioridad hoy no la tiene la educación propiamente dicha sino el trato especial para unos cuantos.