El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó el martes un toque de queda nocturno para proteger las sedes públicas ante protestas sociales por el alza de precios de los combustibles, que acechan al Congreso y a la casa de gobierno.

La libertad de tránsito y movilidad quedó restringida para las "áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes" del Estado, señala un decreto firmado por el mandatario. La medida regirá entre las 20 y las 5, hora local. 

Los ecuatorianos estaban sumidos este martes en la incertidumbre debido a la falta de transporte público de pasajeros en las grandes ciudades y de carga para abastecer los mercados debido a los bloqueos y las masivas protestas que protagonizan miles de indígenas que convergieron en Quito para rechazar el alza de los precios de los combustibles y que obligaron al gobierno a sacar su asediada administración de la capital.

El país sudamericano de 17 millones de habitantes parecía estar en un punto muerto peligroso, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.

La violencia, que comenzó la semana pasada cuando el presidente Moreno decidió recortar los subsidios a los precios del combustible, ha persistido durante días. Varios pozos petroleros dejaron de producir un total de 65.000 barriles diarios porque los manifestantes confiscaron las instalaciones, dijo el ministerio de energía.

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En Quito, las calles estaban cortadas y miles de personas gritaban consignas contra el presidente. Incluso, policías y militares debieron desalojar a un grupo de manifestantes que asaltó por un breve lapso la sede del Congreso, en el marco de protestas por el alza de precios de combustibles en Ecuador, según la televisión local.

Un centenar de indígenas y campesinos, entre ellos mujeres, logró romper los cercos de seguridad en medio de disturbios en los exteriores y llegó hasta el hemiciclo, del que fueron desalojados minutos después, de acuerdo con imágenes retransmitidas por el canal Ecuavisa.

La actividad en la sede parlamentaria se encontraba suspendida después de que en la víspera se produjeran altercados en las inmediaciones que obligaron a desalojar la Cámara. La sede se encuentra cerca de un parque de Quito que servía este martes de lugar de concentración a unos 10.000 miembros de colectivos indígenas, en la víspera de una marcha con la que esperan la derogación de recientes medidas económicas o la salida del presidente Moreno.

La toma de la sede parlamentaria se realizó en la calle Yaguachi de Quito, donde los manifestantes alcanzaron la plaza central compuesta por varios peldaños.

El nutrido grupo había roto el cerco de seguridad en la entrada principal del edificio y posteriormente un grupo de dirigentes, vestidos con ponchos y bastones llegaron al lugar donde se encontraba la fuerza pública, informó la emisora local Radio Calle.

Los dirigentes solicitaron a los participantes en la acción que mantuvieran la calma y no provocaran innecesariamente a las fuerzas de seguridad, y llegaron al lugar con las manos en alto.

En los alrededores del edificio del poder legislativo se escucharon en las últimas horas varias detonaciones, procedentes de la aledaña Avenida 6 de Diciembre, a donde llegaron vehículos blindados antimotines.

En medio de las protestas el lunes, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.

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Pero el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, afirmó que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para "desacreditar" la lucha del movimiento indígena.

Moreno, junto con las más altas autoridades del Estado y su gabinete en Guayaquil, señaló que "siento el respaldo de todas las instituciones y agradezco. No por conservar un puesto, lo he dicho, jamás en la vida claudico un principio y estoy seguro que todos los compañeros que estamos acá piensan exactamente lo mismo. Les agradezco por su defensa al sistema democrático".

También acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado.

Desde Bélgica donde vive desde hace dos años, Correa respondió que "aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, adelantar elecciones en caso de grave conmoción social, como la que estamos viviendo".

Correa tiene una orden de captura en Ecuador por presunto delito de corrupción del que le acusa la Fiscalía desde antes que estallaran las protestas.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que "no queremos derramamiento de sangre, no queremos víctimas, no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica, el momento en que haya las condiciones necesarias... el presidente volverá a Quito``.

La noche del lunes cientos de personas saquearon establecimientos comerciales de diverso tipo, desde farmacias hasta sitios de venta de electrodomésticos en la población de Durán, cerca de Guayaquil, en medio de la ausencia de la fuerza pública.

El canciller José Valencia, en una reunión con corresponsales, informó que los representantes en Ecuador de las Naciones Unidas comunicaron su disposición "para propiciar un diálogo que permita encontrar acuerdos entre sectores sociales y el estado ecuatoriano".

La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno "tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad".

De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es "una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos".

Las autoridades confirmaron cerca de 570 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía. En la capital los supermercados lucían con estantes vacíos o con pocos alimentos.

El ministerio de Energía dijo que la noche del lunes un grupo de personas tomaron las instalaciones de control del principal oleoducto del país y lo paralizaron por casi dos horas y media impidiendo el bombeo de 36.239 barriles de petróleo, lo que causó pérdidas por 1,7 millones de dólares y señaló que el hecho fue denunciado a la fiscalía como sabotaje.

La empresa estatal Petroecuador, aseveró que debido a los disturbios en las provincias de Orellana y Sucumbíos, no han logrado restablecer las operaciones de producción por lo que "estima que de mantenerse esta medida, las pérdidas de producción petrolera alcanzarán los 165.000 barriles diarios".

Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción en todo el país lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones. No es inusual que el gobierno utilice ese estado, la última vez que lo decretó fue a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles del país.